La violencia obstétrica es una forma más de violencia machista hacia las gestantes de manera sistemática e invisibilizada. En España, muchas de ellas han vivido sus partos, cesáreas, revisiones ginecológicas o procesos reproductivos con dolor físico y emocional innecesario, sin consentimiento informado, con prácticas deshumanizadas, e incluso con tratos vejatorios.
A pesar de que la OMS ha reconocido la violencia obstétrica como una violación de los derechos humanos, en España aún no se nombra ni se legisla de forma específica. Callar esta violencia es permitir que siga sucediendo.
La violencia obstétrica es cualquier acción u omisión ejercida por profesionales de la salud que cause daño físico, psicológico o emocional a las mujeres durante el embarazo, parto, posparto o cualquier proceso ginecológico. Como, por ejemplo: intervenciones innecesarias o sin consentimiento (cesáreas sin justificación médica o episiotomías), comentarios humillantes o infantilizándonos, negación del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, así como ignorar el dolor, entre otros.
El sistema de salud español se sustenta bajo una medicina patriarcal, donde se mantiene el modelo biomédico que convierte el parto en un acto clínico controlado, en lugar de un proceso fisiológico donde las personas gestantes deberían tener el papel central y activo.
Muchas de las gestantes denuncian varios actos que, no solo son una forma de violencia simbólica y física, también tienen consecuencias a medio y largo plazo como puede ser un trastorno de estrés postraumático, dificultad del vínculo con el bebé, entre otras. El Observatorio de Violencia Obstétrica remarca en España que el 60% de las gestantes han recibido violencia obstétrica.
Desde Siemprevivas denunciamos que nuestros cuerpos no son propiedad del sistema médico, ni somos máquinas para gestar criaturas. La violencia obstétrica es una forma más de control que históricamente se ha ejercido y se ejerce sobre los cuerpos femeninos, así como la esterilización forzada, negar abortos o los anticonceptivos impuestos.
En España no existe una ley específica que aborde la violencia obstétrica como tal. En Catalunya, la violencia obstétrica se aborda dentro del marco de la Ley 17/2020, que modifica la Ley 5/2008, donde se reconoce la violencia obstétrica como una forma más de violencia machista, aunque no tiene una contrapartida a nivel legal/penal. La Generalitat realizó un Plan para el abordaje de la violencia obstétrica y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos (2023 – 2028) que tiene como objetivos aumentar la sensibilización e información sobre los derechos sexuales y reproductivos, aumentar la formación y capacitación profesional, así como mejorar los servicios de atención y acompañamiento. La evaluación y seguimiento se contempla a partir del 2026 al 2028, muchas de las acciones ya se realizaron pero no se sabe aún el impacto y por tanto las mejoras que se derivan de dicho Plan, tanto a nivel de información y denuncia de las situaciones, formación y sensibilización de los agentes implicados (sociosanitarios) y la ciudadanía sobre el conocimiento de sus derechos.
Aunque la responsabilidad es del Estado y del sistema sanitario, también necesitamos herramientas para protegernos, exigir nuestros derechos y ser escuchadas sin juicios sobre nuestros relatos y vivencias en primera persona. Por tanto, entre otras medidas, las siguientes:
- Reconocer legalmente la violencia obstétrica: que se incluya en una ley española específica, la ausencia de un marco legal permite la impunidad de estas prácticas.
- Formación de profesionales sanitarios en partos respetados y perspectiva de género.
- Plan de parto y consentimiento informado: toda persona gestante tiene derecho a presentar un plan de parto que se respete salvo emergencias reales.
- Acceso a doulas o profesionales de acompañamiento durante el parto de manera universal.
- Apoyo posparto: generar redes de apoyo, grupos y atención psicológica gratuita y especializada.
La violencia obstétrica es una forma silenciada pero profundamente real de opresión. Debemos quitarle la etiqueta de «normalidad médica» y nombrarla como lo que es: una violación de nuestros derechos. Merecemos parir con dignidad, respeto y autonomía. El cuerpo es nuestro. La experiencia de dar a luz no puede seguir siendo una zona gris y de miedo donde nuestros derechos quedan difuminados.
