En las últimas semanas, los periódicos[1] han reflejado cómo la realidad de los desahucios en Barcelona golpea de manera desproporcionada a las mujeres, poniendo de manifiesto otra problemática que urge de atención: el empobrecimiento de las mujeres como política fomentada por el estado.

La feminización de la pobreza, como se sabe, se trata de un fenómeno en el cual, barreras sociales, económicas, judiciales y culturales hacen que las mujeres se encuentren más expuestas al empobrecimiento de su calidad de vida (Amnistía Internacional, 2023), siendo el colectivo que más sufre las consecuencias de la pobreza. Este desequilibrio se acentúa aún más cuando se consideran acciones que, de manera directa o indirecta, acaban por fomentar la criminalización de la pobreza, como son los desahucios en España.

Datos oficiales

En la ciudad de Barcelona, los datos sobre desahucios con marcadores de género no están ampliamente desglosados en fuentes oficiales. Sin embargo, existen algunas estadísticas y estudios que ofrecen información relevante sobre el tema.

En 2023, solo en Barcelona, se ejecutaron una media de 3,5 desahucios al día (Tot Barcelona). Según datos del Consejo General del Poder Judicial – CGPJ, Cataluña lideró el ranking estatal de desahucios en 2023, con un 26,8% del total del Estado, una realidad que se está repitiendo en el primer trimestre de 2024 (Diari Ara).

A pesar de alarmante, estas cifras absolutas ocultan una realidad más profunda: las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres en el acceso a una vivienda digna. Colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) denuncian que el análisis de las causas y consecuencias de la exclusión residencial no tiene en cuenta la perspectiva de género, invisibilizando la precariedad de las familias monomarentales, los obstáculos de la Ley de Extranjería, el acoso inmobiliario a las mujeres mayores y los problemas de salud mental que afectan en mayor grado a las mujeres en situación de exclusión residencial (El Critic).

Según los datos más recientes del Idescat correspondientes al cuarto trimestre de 2024, la tasa de paro y de personas desocupadas es mayor entre las mujeres que hombres. Paralelamente, la tasa de ocupación femenina se situó debajo de la masculina. Las mujeres también superan a los hombres en las cifras de personas contratadas con contratos temporales y más inestables.

A nivel estatal, un estudio realizado por el Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, en 2024 ha identificado que una de cada tres mujeres trabaja sin estar contratada, con una precariedad que afecta directamente su estabilidad económica y habitacional. Ese mismo estudio también evidencia que, entre los colectivos más vulnerables ante los desahucios, se encuentran las mujeres inmigrantes, que se ven atrapadas en el bucle de la inestabilidad jurídica, la inseguridad laboral informal y, por tanto, la dificultad para acceder a alquileres o vivienda dignas y formales.

Más allá de las consecuencias socioeconómicas

El modelo de desahucio producido actualmente en nuestro país también es un tema de salud pública, ya que produce importantes afectaciones a nivel de salud mental de las personas involucradas. Más de la mitad de las mujeres participantes del estudio mencionado anteriormente declaran hacer uso de algún fármaco u otras sustancias a raíz de no poder pagar el alquiler, destacando principalmente los antidepresivos, seguido de los tranquilizantes, así como un uso excesivo de café. En esta línea, el estudio evidencia otro dato preocupante, donde tres de cada cuatro mujeres relatan haber tenido algún problema de salud provocado por el inicio del proceso de desahucio, siendo las mujeres que constituyen familias monomarentales las que presentan un peor estado de salud mental.

Las entidades sociales que trabajan por la defensa del derecho a una vivienda digna, como es la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca), han reiterado una y otra vez a las diferentes administraciones que los protocolos que se aprueban fallan a la hora de dar respuesta a aquellas casuísticas más complejas y que la situación que vivimos actualmente en Barcelona no puede ser considerada una crisis, sino el “resultado de un sistema vendido a la especulación y mercantilización de la vivienda, que deja de ser un derecho para ser la vía rápida para lucrarse y amasar beneficios millonarios a base de precarizarnos con los precios abusivos”(Comunicado PAH).

Todo eso sin hablar a fondo de la especulación y el turismo que contribuyen para ese escenario dramático, disparando el precio del alquiler hasta un 70% en cinco años.

Las violencias también juegan un papel doblemente cruel para mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ya que la inestabilidad habitacional puede suponer un factor extra de riesgo para la manutención de la situación de violencia. (Infobae)

Políticas inclusivas

Nos sumamos al llamamiento de otras organizaciones civiles para exigir a las administraciones públicas de Barcelona una acción más efectiva y ajustada a las necesidades de las personas que están en riesgo de perder sus viviendas, especialmente las mujeres. Estas medidas deben tener en cuenta factores de riesgo que afectan de manera desproporcionada a este colectivo, como la brecha salarial, las responsabilidades de cuidado, y la violencia de género.

Debemos exigir políticas públicas que reconozcan y aborden estas desigualdades de manera interseccional, entendiendo los desahucios en Barcelona como un reflejo de las profundas desigualdades de género que permean nuestra sociedad.

Es necesario abordar esta problemática desde un enfoque integral, que considere no solo las consecuencias materiales y psíquicas ya conocidas, sino también medidas de protección específicas para mujeres en riesgo de desahucio. Prohibir los desahucios sin alternativa, promover apoyo legal y psicológico a las personas involucradas, aumentar el parque público de vivienda, invertir recursos en los servicios sociales y en la atención proactiva, son algunos compromisos que los poderes públicos podrían asumir para enfrentarse a esta situación.

Con una perspectiva feminista, también nos sumamos a las críticas sobre la situación del mercado inmobiliario en las grandes ciudades del país, que están apostando cada vez más por una mercantilización de la vida de las personas y, de manera directa, profundizando las estructuras patriarcales y coloniales que estructuran nuestra sociedad.

Los desahucios también son una cuestión de género y, como feministas, tenemos el compromiso de luchar contra políticas que atentan contra nuestros derechos humanos y tienen como único fin salvaguardar la propiedad privada.

[1]Dos hermanas, de 64 y 54 años se suicidan horas antes de su desahucio, como una medida desesperada frente a la inminente pérdida de su hogar y estabilidad (El Salto, 1/7/2024). Una madre con un bebé recién nacido que se enfrenta al desahucio, subrayando la falta de sensibilidad de las políticas de vivienda hacia las mujeres y los niños (El Salto, 3/7/2024). Desahucian una mujer de 64 años, con cáncer, atendida por servicios sociales y la oficina de vivienda (La Vanguardia, 4/7/2024). Una mujer de 94 años se ve obligada a abandonar su hogar (El País, 10/7/2024).