El trabajo doméstico y de cuidados juega un papel central en la comprensión de las dinámicas de opresión que las mujeres han experimentado a lo largo de la historia bajo el patriarcado. Históricamente, desvalorizado y despreciado, ha sido considerado como una extensión de las responsabilidades femeninas, falto de reconocimiento en el sentido legal y cultural, muchas veces ejercido de manera no remunerada. Todo ello con una consecuencia innegable: el trabajo doméstico refleja las profundas desigualdades de género, la falta de perspectiva interseccional y la persistente huella del colonialismo, especialmente cuando hablamos de Europa y la tercerización de esta labor.
Cuando hablamos de violencia sexual en el ámbito laboral del trabajo doméstico nos referimos desde manifestaciones con conductas verbales, como por ejemplo comentarios, o insinuaciones, conductas no verbales como pueden ser fotos, miradas, gestos o búsqueda de contacto físico no deseado, hasta conductas con violencia física. La violencia sexual que sufren las mujeres en el trabajo doméstico es habitualmente una violencia oculta y silenciada, una realidad que afecta principalmente a mujeres migrantes, mujeres que trabajan en el sector de los cuidados, que a menudo se encuentran en una situación de vulnerabilidad, especialmente por su situación administrativa irregular, que limita el acceso a derechos laborales básicos y se convierte en un factor más añadido, que alimenta esta desprotección institucional.
La precariedad económica es otro factor determinante. La falta de recursos y la dependencia económica hacen que muchas trabajadoras se vean forzadas a aceptar situaciones de violencia sexual por temor a perder su empleo o ser deportadas. Carecer de información sobre los derechos que tienen aquí y no saber los recursos o métodos para denunciarlos perpetúa la normalización de la violencia recibida.
Datos oficiales del Ministerio de Trabajo reflejan que el colectivo de personas empleadas en el ámbito de las tareas domésticas está formado mayoritariamente por mujeres, más del 95%, de las que el 45% son migrantes. La mayor parte tienen entre 40 y 50 años y trabajan principalmente en Madrid y Catalunya. Según el informe “Violencias sexuales en las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y los cuidados: acciones de incidencia y prevención” (2024), sólo un 10% de las víctimas de violencia sexual en el trabajo doméstico se atreven a denunciar, tanto por miedo a perder su empleo, por la creencia de que no serán creídas, así como por las consecuencias que pueda acarrearles dar ese paso.
Se ha dado un paso importante, gracias a la presión ejercida por las asociaciones de mujeres trabajadoras del hogar: este mismo año 2024 se ha aprobado un real decreto que aporta mejoras en algunos ámbitos relacionados con el trabajo doméstico. Entre otras medidas, se amplían algunas protecciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a las empleadas domésticas, principalmente las que tienen que ver con las personas trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos, las vinculadas a la maternidad, a los menores y los temporales. También la norma incorpora que las trabajadoras podrán irse del trabajo cuando consideren que la actividad que están desarrollando supone un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, así como abandonar el domicilio si fuera necesario. La protección se amplía también a situaciones de violencia o acoso en el ámbito laboral. El abandono del domicilio ante estas casuísticas no podrá considerarse dimisión ni ser causa de despido.
Es importante poner en valor y reconocer el trabajo que realizan las organizaciones de trabajadoras del hogar en España y otras aliadas. Estas organizaciones abogan por una mayor concienciación sobre los derechos de estas trabajadoras y la necesidad de protegerlas de la violencia, entre muchos otros, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar (SINTRAHOGAR), Las Kellys, Sindicato de trabajadoras del hogar y los cuidados, y Mujeres Pa’lante que también aportan estrategias de autodefensa, prevención y apoderamiento ante el acoso sexual.
Ante todo, y pese a todo, reclamamos que se implementen medidas que aborden el problema desde la raíz, como la derogación de la Ley de Extranjería, el asesoramiento, soporte y seguimiento a situaciones de violencia vividas facilitando horarios de atención compatibles a sus horarios, a través de los servicios públicos y especialmente de las entidades de mujeres migrantes que realizan una gran labor creando redes de apoyo y sororidad.
