Otro caso más de violencia machista salpica la política española. Una vez más vemos cómo de arraigadas están en nuestra sociedad estas violencias machistas, donde los hombres se sienten protegidos por el sistema patriarcal que perpetúa este sentimiento de impunidad en ellos.

Una vez más, se aparta el foco de la víctima y de sus necesidades, y se centra en el agresor, que, en este caso, donde el agresor es un cargo público, acaba recibiendo una especie de amparo social, llegando a evadir la responsabilidad individual. Al ser un cargo público se llegan a generar incluso sentimientos de empatía hacia el agresor, viéndolo como una víctima de las circunstancias.
A todo esto, debemos tener en cuenta que en los entornos donde se desarrollan estas violencias machistas son los que también generan ese sentimiento de ser intocables. Esto ocurre tanto en espacios sociales como en espacios laborales, por ello necesitamos protocolos, que además de estar bien redactados, sean efectivos y eficientes, que se activen sin tener en cuenta el cargo de poder que ostente el agresor. Esta falta de efectividad de los protocolos, juntamente con la complicidad y normalización de las agresiones machistas seguirá reforzando esta impunidad, y, por tanto, seguiremos con estas violencias machistas. Más allá de documentos obligatorios deben ser instrumentos al servicio de las víctimas, de activación rápida y que contemplen la exigencia de responsabilidades, no un simple papel mojado. Deben ser una maquinaria que se active rápida y eficazmente.

El efecto que la denuncia pública genera en otros hombres es diverso, pero casi nunca pasa por la concienciación de actitudes ni por la reflexión, tanto individual como grupal. Habitualmente, se usa a esa persona señalada públicamente como chivo expiatorio. Así, desviando la atención y focalizándose en cuestiones políticas, se minimiza la gravedad de las violencias machistas y se elimina el foco donde debería estar puesta toda nuestra atención, en la vivencia de la víctima, su reparación y como hacer los cambios necesarios para que los protocolos sean más efectivos, estos deben ser un documento vivo que vaya implementando mejoras.

El cuestionamiento hacia las víctimas, la exigencia de ser víctimas perfectas, y la presión social sobre su estilo de vida, “algo habrá hecho”, “qué esperaba”, “es tonta por no saber lo que iba a pasar”, entre otros comentarios machistas e infantilizadores son una constante y en muchos casos disuasorios para la visibilidad de muchos más casos hasta ahora ocultos u ocultados.
Por ello, desde siemprevivas.org hemos realizado una pequeña búsqueda de casos públicos, para visibilizar que no importa el discurso político, ni la ideología, tampoco si se autodefine como feminista: la huella del patriarcado está en cada una de estas violencias machistas.

Condenas
El alcalde de Ponferrada (León) Ismael Álvarez (PP), condenado a nueve meses de prisión, además del pago de una multa de 6.480 euros -que se rebajaron a 2.000- y una indemnización de 12.000 a la entonces regidora del PP Nevenka Fernández. El regidor popular se convertía así en el primer político condenado por acoso sexual en España. (2002)

Chema Dávila (PSOE). La Audiencia Provincial de Madrid condena al exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Chema Dávila a un año de cárcel por un delito de abuso sexual contra una exmilitante socialista y extrabajadora del partido. (2024)

Javier Liso (Vox), concejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, presentó su dimisión y puso su acta a disposición del partido tras ser condenado por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia machista. Esta condena se derivó de un juicio rápido tras una denuncia presentada por su pareja.

Denuncias judiciales e investigación
Daniel Serrano (PP). El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha archivado la causa abierta contra el exdiputado del PP Daniel Serrano por presunta agresión sexual. El juez considera que no ha quedado «debidamente justificada la comisión de los delitos» y opta por no abrir un juicio oral contra Serrano. El ex número 2 del PP fue apartado del partido. Ahora Serrano vuelve a ser diputado a pesar de que es parlamentario no adscrito por el hecho de que se dio de baja de la formación. (2022)

Jesús González (PP), de la localidad pacense de Bienvenida, está siendo investigado por un posible delito de agresión sexual y acoso laboral tras una denuncia de una extrabajadora del Ayuntamiento que ha sido admitida a trámite en un juzgado de Zafra (Badajoz). El regidor supuestamente coaccionó a una trabajadora municipal para obligarla a realizar actos sexuales. En la actualidad ocupa el cargo de teniente de alcalde de ese municipio. Según el abogado de la acusación, los hechos se remontan a 2021. La mujer denunció ese mismo año ante la Guardia Civil y ahora está siguiendo el procedimiento de investigación en los juzgados. (2024)

Iñigo Errejón (Sumar). El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha asumido la competencia para investigar al exdiputado y exportavoz parlamentario por presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá, después de confirmar que no está aforado porque ya no es diputado en el Congreso. De este modo, se inicia oficialmente la investigación penal. (2024)
Acusaciones que no han llegado a los juzgados

Quim Arrufat, exdiputado de la CUP, abandonó la formación política por dos denuncias internas de abusos sexuales. (2019)

Carles Garcias Hernández, jefe de gabinete del conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch (ERC), cuyo cese se produjo el pasado 24 de enero (2020) por un presunto caso continuado de acoso sexual a diversas trabajadoras del departamento. (2020)

Eudald Calvo, el alcalde de Argentona (Junts per Catalunya), presentó su dimisión tras reconocer que había tenido «actitudes machistas y sexistas» con varias mujeres que denunciaron abusos sexuales en Twitter. (2020)

Otros casos sonados de la política española son los de Carlos Flores Juberías (Vox), Juan Luis Cepa (PSOE), Juan Carlos Fernández (PP), Ángel Hernández (PSOE), Javier Liso (Vox), Miguel Ángel Bustamante (Izquierda Unida), Pere Nolasc (ERC) o Pablo Soto (Más Madrid), entre otros. Todos ellos dimitieron, fueron forzados a ello o, directamente, los expulsaron de sus respectivas formaciones.