Si algo nos está mostrando la crisis migratoria en Ceuta es cómo algunos países y agentes internacionales están dispuestos a instrumentalizar las vidas migrantes en disputas (geo)políticas. También nos muestra la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran estas personas que migran en estos contextos, especialmente las niñas y mujeres, en un escenario marcado además por la ascensión de los discursos de odio y desinformación.

La crisis humanitaria en las fronteras de Europa nos señala directamente las estructuras racistas y machistas que afectan a las personas migradas, haciendo imposible ignorar cómo todavía persisten – y avanzan – las narrativas que clasifican a las personas migrantes en categorías de “primera” y “segunda”. Si por un lado tuvimos una articulación coordinada que ha posibilitado acoger, con apoyo popular, a más de 200 mil ucranianos, por otro, vemos cómo estos criterios pueden cambiar rápidamente si la puerta de entrada se encuentra un poco más al sur del mapa.

Sabemos que la crisis de Ceuta no está marcada solo por un número significativo de personas entrando de una sola vez en un territorio extranjero buscando asilo, sino por quiénes son estas personas. No es un problema de control de fronteras lo que debería alarmarnos, sino, más bien, la manifestación explícita y grabada de una violencia institucional, colonial y también machista que está sucediendo.

Si bien nos acostumbramos a mirar las tragedias de las fronteras europeas con cierta “normalidad” en los procesos migratorios, normalizando el gran cementerio en el que se ha ido convirtiendo el Mediterráneo, no podemos seguir ignorando lo que está pasando en Ceuta ahora mismo. La realidad para decenas de mujeres y niñas es intolerable. Según los datos recabados del Tribunal de Instancia de Ceuta publicados por RTVE, entre el 30 de julio, cuando comenzó la llegada de inmigrantes a la ciudad autónoma, y el 14 de septiembre, ya figuraban 37 procedimientos abiertos por delitos de agresión y explotación sexual en Ceuta, con 39 víctimas, de las cuales, 14 son menores de edad. Es importante señalar que entre los agresores se encontraban españoles y ciudadanos de otros países europeos, además de algunos marroquíes, un dato que también obliga a cuestionar los estigmas y simplificaciones que suelen acompañar estos relatos.

Sobre las denuncias, tras el trato institucional recibido a la llegada, las organizaciones denuncian que el número de mujeres afectadas por diferentes tipos de violencia pueden ser muy superior al denunciado, ya que estadísticamente muchos sucesos no se denuncian por miedo. Ante este escenario, las víctimas se encuentran desprotegidas en una absoluta indefensión jurídica y social, sumándose así, al trayecto migratorio traumático, una acogida al territorio llena de desinformación, falta de organización y acción institucional, espacios inseguros, posibles agresiones sexuales, acoso y amenaza de las redes de trata.

El problema sigue en aumento si ponemos el foco en los pocos y desbordados centros de acogida y los recursos habitacionales temporales. Estos han sido diseñados con una lógica militarista y de contención de la población migrada, centrada en el control, ignorando por completo la perspectiva de género y de derechos humanos. Las jóvenes, que han tenido acceso a estos centros, han denunciado violencia física y psicológica por parte de los profesionales. Estos hechos no han llevado a la justicia española a realizar una investigación general, que se ha limitado a abrir expedientes de protección y separar a las menores de esos centros, sin dar una respuesta real a la violencia denunciada ni abordar las problemáticas que pueden culminar en este tipo de delitos, sin una activación clara de protocolos ni consecuencias informadas.

Ante esta situación, la respuesta estatal es preocupantemente pasiva. Esta falta de respuesta de las instituciones públicas debe verse como una forma de violencia institucional, que se suma a todas las otras que estas mujeres ya han vivido. Al priorizar el control de las fronteras por encima del cumplimiento de los convenios internacionales de derechos humanos y protección de la infancia, las administraciones normalizan la vulneración de derechos fundamentales y hacen con que la impunidad se convierta en norma. Sin buscar discursos punitivistas, debemos entender el mensaje que este tipo de pasividad envía a la sociedad. Si para algunas mujeres y niñas su color de piel, contexto cultural o procedencia les limita el acceso a las mismas leyes y circuitos de atención a las violencias machistas vigentes, ¿qué realmente estamos diciendo sobre estas mujeres y niñas?

El análisis de esta crisis humanitaria exige una mirada interseccional, y esto es urgente. La violencia machista y el racismo institucional operan de forma conjunta: la vulnerabilidad de estas niñas y mujeres viene dada por ser mujeres, por su clase social, por ser migrantes y por no tener una nacionalidad del Norte Global.

El silencio institucional y la falta de medidas estructurales eficaces convierten al Estado en cómplice de un ecosistema de desamparo de estas niñas y mujeres. Proteger a la infancia y garantizar espacios libres de violencia machista y racista no debería ser una opción sujeta al color del pasaporte, sino una obligación legal y humana innegociable.

Ceuta se ha convertido en el reflejo de una Europa claramente racista, y debemos usar ese reflejo para mirar de frente todo aquello que llevamos muchas décadas posponiendo: las heridas y estructuras coloniales que siguen atravesando nuestro presente, y la responsabilidad que tenemos de cuestionarlas y transformar los paradigmas que las sostienen.

Desde siemprevivas.org alentamos a la población a mirarse en ese reflejo y movilizarse para que cambie. También debemos reconocer y agradecer a muchas personas y organizaciones ceutíes que, desde sus estructuras organizativas vecinales e informales, han ayudado y acogido a muchas mujeres y niñas, brindando el apoyo que debería ser responsabilidad del Estado.

Ninguna persona es ilegal.