En España, la violencia de género es una realidad en una sociedad patriarcal, donde las mujeres sufrimos una vulneración sistemática de derechos humanos por el simple hecho de ser mujeres. Esta desigualdad estructural y sus efectos afecta, no solo a las víctimas, también a toda la sociedad.

Es por ello por lo que, a pesar de contar con leyes pioneras, como la Ley Integral contra la Violencia de Género (2004) y la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (2022), seguimos presenciando la cruda realidad: las mujeres siguen siendo asesinadas, agredidas, invisibilizadas y desprotegidas por un sistema que falla por todos lados.

Es necesario un compromiso institucional real, no basta solo con legislar. Así lo denuncia Amnistía Internacional, que señala la gran brecha entre el papel y la realidad.

Desde hace 20 años, España ha sido reconocida como referente europeo en legislación contra la violencia machista. Sin embargo, tal y como identifica Amnistía Internacional, una ley sin medios, ni compromiso político, ni control de su efectividad se convierte en papel mojado. ¿De qué sirven todas estas leyes si los juzgados especializados están saturados o si se revictimiza a las mujeres o si las medidas de protección no se ofrecen según necesidad de la víctima o no llegan a tiempo?

Los juzgados para los casos de violencia de género ofrecen una atención en algunos casos deficiente y en otros mejorable, en perspectiva de género. Se fomentan procedimientos que no ponen a la víctima en el centro. Como apunta Amnistía Internacional, la evaluación del funcionamiento de estos juzgados no puede atrasarse más. Esta evaluación debería incluir a las protagonistas, las mujeres que han vivido violencias machistas y a sus familiares.

Por una parte, y según una reciente noticia sobre una jueza de los juzgados de violencia de género en Barcelona, la señora Francisca Verdejo, refleja la violencia institucional que sufrimos cuando damos el paso de denunciar. Se recogen actitudes como interrumpir en declaraciones, denegar pruebas, imponer custodias compartidas o realizar juicios de valor y cuestionar a la víctima, entre otras. En dos ocasiones se archivaron las quejas, pero al menos 20 mujeres se organizaron para denunciar los hechos. Esto ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema judicial, que además está bajo amenaza de cambios por presiones políticas de la derecha y la ultraderecha que podrían anular los pequeños avances logrados.

Por otra parte, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual prometió centros de crisis 24 horas en todas las provincias para atender las mujeres que han vivido violencia sexual. En cambio, la realidad es otra, muchas provincias siguen sin estos centros, y donde existen, no siempre cuentan con recursos suficientes. La falta de implementación de esta medida es una muestra más de cómo se abandona sistemáticamente a las mujeres. Generar leyes sin presupuesto, sin seguimiento, sin formación obligatoria, sin perspectiva de género real, es otra manera de generar violencia institucional. El compromiso debe ser firme y continuo. Porque mientras los políticos usan palabras como “igualdad” y “tolerancia cero”, las cifras de mujeres asesinadas siguen creciendo y el sistema no enciende toda la maquinaria necesaria para protegernos.

Es necesaria una evaluación crítica y participativa de las leyes vigentes que incluya activamente a mujeres que han pasado por el sistema y a las organizaciones especializadas. Creemos esencial aumentar el presupuesto para que los recursos lleguen a todas las comunidades autónomas, especialmente a zonas rurales.

Las entidades que atienden a las mujeres siguen siendo el pilar fundamental, acompañando, demandando recursos y reparando, en la medida de lo posible, las violencias institucionales. Estas entidades realizan un gran trabajo ofreciendo apoyo incondicional a las víctimas cuando las instituciones no responden.

Desde Siemprevivas reclamamos pasar de las palabras a la acción, garantizando que las leyes no solo existan, sino que se implementen adecuadamente para proteger y reparar a las mujeres afectadas por la violencia de género. La reparación integral debería ser una medida prioritaria, desde la reparación económica como el apoyo psicológico prolongado, acceso a servicios y protección frente a la revictimización del sistema judicial. Así como la revisión del régimen de visitas y custodia de menores.