La sentencia del caso de violencia sexual de Dani Alves nos alarma, tanto por las condiciones por las cuales se ha determinado la condena en primera instancia, como por el mensaje que le llega a la población, comprobando lo que la sociedad civil lleva años denunciando: la justicia no es igual para todos; si el encausado tiene poder, fama y dinero puede obtener una indulgencia excesiva.

Además, en esta visión de impunidad y revictimización, los medios de comunicación desempeñan un papel importante, perpetúan estereotipos, cuestionando a las víctimas y facilitando la impunidad de estos agresores.

Los casos de abuso sexual cometidos por figuras públicas despiertan una atención mediática voraz, potenciando un discurso de desconfianza y terror sexual. Sin embargo, lo que podría ser una oportunidad para la pedagogía y la conciencia social, habitualmente se convierte en un circo mediático que revictimiza a las mujeres y exalta a los agresores. Los titulares sensacionalistas y la cobertura irresponsable enfocada en la vida privada de las víctimas trivializan la violencia vivida y perpetúan la cultura del silencio. En lugar de ser tratadas con empatía y respeto, las víctimas son sometidas a un escrutinio implacable, obligadas a revivir su dolor una y otra vez ante la audiencia. Este sensacionalismo es otra forma de violencia que deben sufrir las mujeres.

La riqueza y la influencia del agresor proporcionan acceso privilegiado a los mejores abogados y a un sistema judicial que favorece a aquellos con recursos. Nos están mostrando que la capacidad de pagar una indemnización o la fianza a golpe de talón es un sustituto de la responsabilidad.

Así, el dinero puede comprar indulgencia, mientras que las víctimas son dejadas a la deriva, enfrentando la injusticia y la impotencia de este sistema judicial. Esta disparidad en el tratamiento refleja una cultura profundamente arraigada de misoginia y privilegio masculino.

Es fundamental reconocer que la justicia no puede ser un privilegio reservado para aquellos con poder y dinero. La justicia debe ser independiente del estatus social o económico del agresor. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar con ética y empatía, sin perpetuar esas narrativas dañinas que favorecen la impunidad. La sociedad en su conjunto debe exigir una rendición de cuentas genuina y un cambio sistémico que ponga fin a la cultura de la impunidad y el privilegio.

Es urgente desmantelar los sistemas que protegen a los agresores y, así, podremos construir un mundo donde todas las personas, independientemente de su fama o fortuna, puedan vivir libres de miedo y violencia. Necesitamos un sistema judicial que priorice la justicia sobre el privilegio y la riqueza, y que brinde apoyo y protección a las víctimas de abuso sexual.

Debemos desafiar no solo a los agresores sino también a las estructuras de poder que los protegen.