El año 2020 quedará marcado como el año de la crisis sociosanitaria causada por la COVID-19. La pandemia ha puesto en evidencia no solo la falta de preparación de los sistemas sanitarios pero también los problemas estructurales que los gobiernos arrastraban hacía tiempo. Pero quizá la negligencia mayor de los gobiernos que ha dejado al descubierto el coronavirus es la indiferencia, por décadas, de luchas sociales y reivindicaciones enfocadas en la desigualdad social y las violencias del sistema capitalista y patriarcal.
Un ejemplo es como el Estado de Alarma y las reglas de confinamiento impuestas a la población están teniendo como consecuencia un incremento significativo de la violencia de género, ya que muchas mujeres se han visto forzadas a convivir con sus agresores.
Como ya habían alertado especialistas, asociaciones, juristas y psicólogos, los datos recogidos en España desde que se decretó el estado de alarma y las medidas de confinamiento reflejan un aumento significativo de las peticiones de ayuda por este tipo de violencias. Según los datos publicados en mayo por el Ministerio de Igualdad, las llamadas al 016 durante el mes de abril han aumentado más de 61% con respecto al mismo periodo de 2019. Con relación a las consultas online, si comparamos el mismo período del 1 al 30 de abril de 2019 con el del 1 al 30 de abril de 2020, el incremento ha sido del 586%. El aumento también se ha repetido en la primera quincena de mayo.
A raíz del aumento de las peticiones de asistencia a víctimas de violencia de género durante el confinamiento y del incremento de denuncias por temas de violencia de género observado en los últimos años en España, nuestra página web Siemprevivas también ha recibido un número mayor de consultas relacionadas con la ‘retirada’ de denuncias por la violencia de género.
Este hecho, ya comentado en artículos anteriores, y que ha intensificado en tiempos de confinamiento, puede ser un efecto colateral del incentivo a la denuncia y de amplia publicidad de los mecanismos penales como la herramienta más adecuada en la lucha contra la violencia de género.
Desde las consultas realizadas en la página, los motivos que llevan una mujer víctima de violencia a optar por no seguir adelante son muy variados, sea por amenaza y coacción por parte del agresor, por presiones familiares, por miedo a vivir con la incomprensión de la familia, por depender emocionalmente o económicamente de su agresor, e incluso, en muchos casos, por culpa.
Todos estos sentimientos, sumados con la falta de política públicas que puedan acompañar a nosotras mujeres en estos procesos, hace con que muchas de las víctimas se acogen a la dispensa de la obligación de declarar contra su agresor como forma de no seguir adelante con la acusación, es decir, no dar seguimiento a la denuncia. Como consecuencia, aunque el procedimiento siga adelante, si la víctima no declara, posiblemente no existan pruebas suficientes y el procedimiento acabe archivado.
La carga psicológica y emocional que puede vivir la mujer desde el momento en que denuncia es algo que debemos tener en cuenta. La falta de apoyo del entorno y las revictimizaciones del sistema, la hacen dudar si realmente está actuando de forma correcta con la denuncia.
Son sentimientos que forman parte de una construcción social. Vivimos en una sociedad patriarcal que nos impone desde jóvenes cómo debemos vestir, cómo debemos actuar para que nuestros hombres no nos dejen o nos maltraten, qué debemos hacer para contentarlos, por qué sitios podemos caminar para no sufrir violaciones, etc. Somos condicionadas a pensar que somos responsables por todo lo que nos puede pasar.
En este escenario, y ligado con el mandato emocional social de cuidado que nos exigen, aparece el sentimiento de culpa, que ejerce un importante papel en estas situaciones de violencia, y consigue en muchas ocasiones que la mujer se sienta culpable por el hecho de haber denunciado. No trabajar estos sentimientos puede es, en la mayor parte de los casos, condicionar la denuncia al archivamiento.
A pesar de que el Estado publica campañas para promover que las mujeres hagan frente a las situaciones de violencia de género y denuncien, en muchas ocasiones observamos que no se ofrecen las ayudas necesarias para conseguir que la mujer se sienta segura y apoyada durante el proceso. Y esto acaba teniendo consecuencias.
Para ponerlo en datos, en 2018, se recibió información sobre 69 retiradas de acusación a través de la Inspección Fiscal y de los Fiscales delegados. No obstante, en el sistema Fortuny (el sistema de gestión procesal de la fiscalía donde se realizan la tramitación de asuntos) constan anotadas un total de 1492, de las que 1348 aparecían justificadas porque la víctima se acogió a la dispensa del artículo 416 LECrim.
De las examinadas, el 46,37 % de los casos la retirada de acusación tuvo su origen en la falta de prueba derivada de que la víctima se acogió a la dispensa del art. 416 LECrim. Casi la mitad de los casos.
Las inseguridades, el miedo y el sentimiento de culpa de las mujeres se acaba plasmando en estas estadísticas.
Sabemos que la denuncia es el mecanismo que activa todo el sistema penal de protección a las víctimas de violencia de género, pero se trata de un camino complejo, muchas veces sometido a violencias institucionales por falta de perspectiva de género del poder judicial. Utilizar esta herramienta demanda más que campañas de incentivo, exige un trabajo integral de apoyo y soporte a las víctimas.
Se debe tener en cuenta el momento en que se hace y la situación en la que se encuentra la mujer, ya que es posible que se agrave el impacto psicológico en ella, y aumente el sentimiento de soledad, desamparo, y culpa.
No se debe empujar a una mujer a denunciar. Se la debe escuchar, entender, acompañar en el proceso, y estar a su lado para que, cuando denuncie, lo haga convencida plenamente. Son ellas las que deben tomar las decisiones y entender que tienen derecho a vivir de otra forma, y que deben hacerlo por ellas mismas.
Nosotras mujeres debemos tener el apoyo y seguimiento adecuado ya que la falta de protección personal y jurídica nos sitúan de nuevo en situación de indefensión y nos abocan a nuevas situaciones de violencia o una vuelta a las que ya teníamos. No puede recaer como siempre toda la responsabilidad en las mujeres que ya hacen demasiado para sostener personalmente todas estas violencias.
Repensar las retiradas de denuncia es necesario, desde todos los puntos de vista, y revisar las actuaciones de todos los agentes implicados, y cómo no, compartir responsabilidades y establecer nuevas estrategias, es imprescindible.
